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Nota de prensa

Durante un foro, realizado el pasado 30 de noviembre, en el cual se presentó la revista sobre Conflictividad Agraria, Ambiental y Laboral de La Pastoral de la Tierra Interdiocesana (PTI) se dejó ver que la institucionalidad agraria no resuelve los problemas, sino que “ayuda a generarlos”.

Los conflictos en el campo perduran porque las políticas públicas siguen formulándose desde la idea central de la competitividad, donde los recursos naturales tienen un valor mercantil. “Son un problema histórico porque el Estado guatemalteco está conformado por relaciones de poder basadas en el racismo y el genocidio”, dijo Juan Pablo Gómez, de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO).

Varios actores coinciden en decir que la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), una de las instancias responsables de abordar la problemática, tiene una acción limitada y su mandato quedó diluido con la creación de otros espacios de diálogo que pretendían abordar la conflictividad. El líder campesino Daniel Chum, de las Siete Comunidades de Ocós, tras años de negociaciones por un conflicto ambiental, calificó como entretenimiento las mesas de diálogo establecidas por el gobierno de Álvaro Colom.

El caso de Ocós, en San Marcos, es uno de los 13 conflictos que la PTI acompaña. De éstos, 12 son conocidos por autoridades estatales, lo cual no garantiza su resolución. La mayoría son agrarios y ambientales. Del total, tres están resueltos: dos sin intervención del Estado y el tercero debió pasar por un desalojo extrajudicial para su resolución; cinco están estancados y el resto no ha tenido avance.

¿Falta de presupuesto o desinterés del Estado?
Es real que la Secretaría de Asuntos Agrarios cuenta con poco presupuesto para resolver la cantidad de conflictos que se presentan al año, pero un pequeño vistazo a su ejecución presupuestaria durante el gobierno de Colom también denota poco interés en la resolución de conflictos ligados a la defensa del territorio.

En 2010 la SAA solo utilizó 38.5% de sus fondos para la resolución de conflictos (Q15.4 millones de Q55 millones que recibió), en tanto en 2008 ejecutó el 95% de Q20 millones destinados para la resolución de conflictos de su presupuesto total (Q39.6 millones), en 2008. De hecho, a nivel nacional se registra una reducción del número de conflictos resueltos, ya que de 455 en 2008, se llegó a 153 en el primer semestre de 2010.

“El desarrollo de los conflictos ha mostrado que la institucionalidad pública no está en capacidades para resolver problemas puntuales y menos de crear condiciones equitativas y justas que permitan un desarrollo rural integral”, indicó Wolfang Krenmayr, de PTI.

Enrique Sosa, representante de la SAA, dijo que es difícil conseguir fondos, pero hay que tomar en cuenta que “el tema es apasionante, por eso da sinsabores”. Aclaró que la SAA interviene a voluntad de las partes y su función es facilitar la “mediación” en los procesos.

En el caso de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), su representante Ruth del Valle, reconoció que el mandato de esta instancia es limitado y no puede sino acompañar a las personas afectadas en los conflictos. “Ahora hacemos un papel de mediación, porque no tenemos mandato para resolverlos y con ello puede disminuir la conflictividad, mediatizar la presión social”.

Si mediación y acompañamiento son las únicas acciones del Estado ¿A quién le corresponde resolver?

En ese sentido, Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, recordó que la justicia se aplica según intereses, por lo que no ve una salida para resolver los conflictos en el sistema legal. “Tengo dudas por la sumisión del poder judicial que acepta sobornos, mordidas y recibe amenazas”. Así las cosas ¿Será el sistema de justicia un punto de apoyo para la resolución de la conflictividad en el país?

Ramazzini enfatizó que el racismo, la violación a la Constitución y el total irrespeto a la vida no permiten que uno de los problemas sociales más importantes del país se resuelva.
De acuerdo con la V edición de la revista “Hacia Dónde Vamos”, de la PTI, “la ausencia de un modelo de desarrollo rural integral, ha causado que el marco normativo vigente siga siendo a favor de empresas mineras, de interesados en hidroeléctricas y de agroindustrias”.

Guatemala, 03 de diciembre 2010.

Nota de prensa

Iniciativa 40-84, Ley de Desarrollo Rural

El 12 de noviembre se llevó a cabo un foro público con autoridades del organismo Legislativo en la cabecera departamental de Sololá, con el fin de socializar el contenido de la iniciativa de ley 40-84- Ley de Desarrollo Rural Integral- con miembros de varias comunidades; así como buscar el respaldo de los legisladores para el anteproyecto.

Con el apoyo de la Asociación de Sololatecos Unidos para el Desarrollo Integral –ASUDI- la Alianza para el Desarrollo Rural Integral -ADRI- llevó a cabo la reunión con los diputados que representan al departamento: Manuel García y Clemente Samines. Se invitó también al tercer diputado por ese departamento, Rodolfo Alejandro Salazar De León, pero no asistió.

Al menos 70 representantes de varias comunidades del departamento estuvieron en el foro que forma parte de las acciones de incidencia política que la ADRI está implementando en varios departamentos del país en coordinación con organizaciones locales. El mismo 12 de noviembre se llevó a cabo un taller sobre desarrollo rural en Quetzaltenango, al cual también fueron invitados cuatro de los 7 diputados que representan al departamento, sin embargo, rechazaron asistir aduciendo otros compromisos.

La ADRI tiene planificadas acciones similares con diputados y autoridades locales para lo que resta del año en Jalapa, la Costa Sur, y el región Norte.

“Nos interesa que apoyen la ley”
Emiliana Sancoi, lideresa originaria de San Marcos La Laguna, Sololá, y asistente al foro reconoció la importancia de estas acciones. Dijo que las comunidades del departamento fueron afectadas fuertemente por la tormenta Agatha, pero no han tenido ayuda y las demandas que a nivel nacional se plantean tampoco han sido atendidas.

“Los diputados están llegando a buscar votos a las comunidades y cuando hemos llegado a la capital a manifestarnos, y pedir la ley de desarrollo rural (iniciativa 40-84) y nuestras demandas a nivel general de plataforma y Asudi, no se cumplen”, señaló la lideresa.

Emiliana dijo “lo que pensamos es sentarlos con nosotros y plantearles, en este caso el tema de la ADRI (…) Y les pedimos que apoyen la ley y se comprometieron, pero no basta solo con ellos dos: (Manuel García y Clemente Samines) sino que también hace falta negociar con otros, pero lo que a nosotros nos interesa es que estén de acuerdo con la ley”.

Las organizaciones esperan que en un plazo de seis meses haya resultados positivos: es decir que la iniciativa 40-84 pase al pleno del Congreso con el apoyo de sus representantes departamentales.

“No es fácil, pero siempre hay que tener iniciativas desde aquí abajo y no desde arriba para abajo (…) Pero si no hubiera una respuesta podemos detenerlos, porque son nuestros representantes”, sentenció Emiliana.

“No podemos hacer mucho”
Manuel García, diputado por el Partido Patriota dice que solo 16 diputados indígenas no pueden hacer mucho en el parlamento, por el desarrollo de los pueblos indígenas. Emiliana responde: “pero ese es un error de nosotros: elegir a quienes no conocemos. Tiene que ser nuestra gente, que haya trabajado por Sololá. Hay que hacer mucha conciencia en la gente todavía, porque a veces nos perdemos”.

Guatemala, 12 de noviembre de 2010.

Nota de prensa

“Hemos sido callados y no hemos tenido la oportunidad de pensarnos como jóvenes (…). Y esto (el encuentro) nos permite descubrirnos a nosotros mismos. Tenemos muchos deseos de hacer que las cosas sean diferentes y aportar para lo que queremos ser”. Estas son las palabras de uno de los 20 jóvenes que participaron en el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes que Plataforma Agraria llevó a cabo recientemente.

El 24 de octubre concluyó la primera fase del trabajo que se busca hacer con muchachas y muchachos representantes de varias organizaciones que integran Plataforma Agraria. Durante cuatro meses sostuvieron reuniones periódicas en las distintas regiones –Oriente, Occidente, Centro- con el fin de diseñar un plan de formación, desde su propia perspectiva.

Si bien Plataforma Agraria tiene diez años de trayectoria como un movimiento social que se ha caracterizado por un liderazgo joven, es hasta ahora que inicia un proceso de formación con este grupo poblacional específicamente.

Israel Macario, coordinador organizativo interino de Plataforma Agraria, comentó que luego de hacer un pequeño diagnóstico entre las organizaciones que conforman el movimiento se decidió trabajar con integrantes de cinco entidades locales donde la participación de la juventud se da organizadamente.

De esa cuenta se está trabajando con chicas y chicos de Santa Rosa, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango, quienes se comprometieron a continuar en el proceso de formación y darle vida a un “plan de lucha de la juventud”, que pretenden preparar con una agenda construida “desde la misma visión de las y los jóvenes”, la cual se constituiría en la segunda fase del trabajo con jóvenes.

Los intereses de este grupo están orientados al fortalecimiento de su participación organizativa. Quieren discutir inicialmente sobre Liderazgo, Incidencia Política, Sexualidad, Neoliberalismo, Violencia e Historia. Han manifestado que les parece importante discutir “¿Por qué hay pobreza en Guatemala? y ¿Por qué hay un patrón que nos oprime?”, entre otras interrogantes.

“Vernos a nosotros mismos”
La experiencia del Primer Encuentro fue bastante diversa, ya que se sumaron jóvenes que están comenzando el trabajo organizativo comunitario y participantes que demostraban un claro liderazgo dentro de sus organizaciones. Es decir, hay mucha adolescencia y una buena cantidad de mujeres que tienen gran entusiasmo por sumarse a este proceso.

“Pudimos conocer quiénes somos. Queremos que se puedan organizar otros jóvenes. (…) Por medio del teatro imagen nos vimos a nosotros mismos y a nuestro país”, dijo Eugenia Ardiano, de 17 años, originaria del municipio de Catarina, San Marcos y quien participó por primera vez en una actividad propiamente destinada a la juventud.

“Fue una experiencia nueva y muy buena. Vamos por un buen paso, porque como dicen: en los niños y la juventud está el futuro (…).  De joven, a veces uno tiene pena de hablar algo pero el teatro nos permite expresarnos sin hablar y tomamos valor para decirlo”, indicó Melvin Mayen, de 29 años, originario de la aldea Tecuanburro, del municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; quien lleva cuatro años organizado.

Rubén Ávila, integrante del grupo Andamio Teatro Raro, responsable de facilitar y sistematizar el proceso, afirma que decidieron valerse de las técnicas del “teatro del oprimido” porque éste tiene antecedentes fuertes en la lucha del movimiento social, ya que propone otras formas de enseñanza a los métodos tradicionales, que “son verticales y porque la gente se cansa y se aburre.
(…) Es una manera colectiva de explicarles los problemas, es un método participativo y llama a la acción. Es liberador y llama a transformar la realidad”, informó.

Ahora, tanto las y los muchachos como el grupo facilitador y quienes están inmersos en este proceso, se preparan para comenzar la segunda fase del trabajo: echar andar el plan de formación.

Guatemala, octubre de 2010.

Nota de prensa

Comunidades indígenas maya-chortí mantienen bloqueado desde esta mañana el ingreso a la municipalidad de Jocotán, en el departamento de Chiquimula, para rechazar la construcción del Corredor Tecnológico y exigir al Consejo Municipal y al alcalde que respeten su decisión de construir su propia forma de desarrollo.
Representantes de comunidades organizadas en la Coordinación para el desarrollo integral Maya-Chortí (Comach) se reunieron esta mañana en la aldea El Matasano, desde donde se movilizaron hacia el centro del municipio para impedir el ingreso al edificio edil del municipio, como medida de presión a las autoridades locales que se han negado a respetar su decisión de rechazar la puesta en marcha de dicho mega proyecto que perjudicaría a miles de habitantes.
“Demandamos que en nuestros territorios no se construya el corredor tecnológico; específicamente que no se hagan las hidroeléctricas ni haya explotación minera”, dijo enérgicamente Rigoberto Ramírez, de la aldea Guareruche, Jocotán.
Los demandantes buscan establecer un acuerdo con las corporaciones municipales y los gobernadores departamentales, que rechace cualquier actividad que ponga en peligro la vida en las comunidades, por lo que esperan que el alcalde de Jocotán, Juan Ramón Díaz, respete la decisión de la población.
Recientemente, 40 de los 44 jefes ediles de los municipios que serán afectados por los proyectos de inversión del Corredor Tecnológico, visitaron el Senado de Estados Unidos para “exponer los grandes beneficios que (…) pasará por los pueblos, ya que le servirá a todo el mundo”, según las palabras del alcalde de Moyuta, Jutiapa, en declaraciones a medios masivos, antes de viajar con la delegación de quienes viajaron a Estados Unidos.
“Las comunidades están en proceso de consulta desde hace muchos días y se dieron cuenta que los alcaldes han viajado a Estados Unidos para promocionar el Corredor Tecnológico, diciendo que hay consensos, pero eso no es verdad. Por eso accionamos hoy 12 de octubre, día de la resistencia de los pueblos”, indicó Omar Jerónimo, de la organización Nuevo Día, integrante de Plataforma Agraria.
Hasta el final de esta tarde los pobladores no habían podido comunicarse con ninguna autoridad local, por lo que permanecerían frente a las instalaciones hasta tener una respuesta a sus demandas.

Guatemala, 12 de octubre 2010.

Nota de prensa

Pobladores que desde ayer 12 de octubre por la mañana se instalaron pacíficamente frente a la municipalidad de Jocotán, Chiquimula, para manifestar su desacuerdo por la construcción del Corredor Tecnológico, responsabilizan al Consejo Municipal y al alcalde del municipio, Juan Ramón Díaz Gutiérrez, de la represión en su contra.
Por la tarde, el ejército, policía nacional y personas desconocidas lanzaron bombas lacrimógenas, disparos y golpes contra la población maya ch´orti´, que dejó a varias personas heridas que no recibieron asistencia médica. Hasta ahora se conoce de dos capturados y el mismo número de heridos –los pobladores se rehúsan a identificarse por temor a mayores represalias-.
Integrantes de la organización local Nuevo Día rechazaron rotundamente la información que se publicó en los medios masivos, donde se les acusa de haber estado armados con pistolas, amenazado a la población, dañado inmuebles y de “intentar linchar al alcalde”.
“Eso es falsedad. Llegamos a manifestar pacíficamente sin provocar violencia; no tuvieron calma de dialogar con nosotros (…). Hay señalamientos y amenazas contra muchos miembros de las comunidades por el alcalde y los miembros de los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo)”, dijo uno de los dirigentes.
Los pobladores hicieron un llamado a las organizaciones sociales y a la población en general para que se solidaricen con el Pueblo Ch´orti´ y se denuncie a los agresores. Asimismo, exigieron al Ejecutivo y autoridades locales que prioricen el diálogo antes que la violencia y escuchen a las comunidades.

Guatemala, 13 de octubre de 2010.